La delegada de Migraciones de Málaga valora el anuncio del Consejo de Ministros de iniciar un proceso que supondría abrir el camino para la regularización de más de medio millón de personas migrantes en España, y que incluiría también a los solicitantes de asilo, quienes eran perjudicados por el Reglamento tal como está vigente. Gallardo incide en la oportunidad que supone, llama a la necesidad de que salga adelante la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Iglesia y llama también a la prudencia hasta que se conozcan todos los detalles de la propuesta.
¿Cómo valora esta decisión desde su trabajo pastoral?
Es una gran noticia, que puede generar una esperanza real tanto en las personas migrantes como en las comunidades parroquiales que las acompañan. Se abre la posibilidad de regularizar a muchísimas personas con una antigüedad mínima de cinco meses en España, siempre que hayan llegado antes del 31 de diciembre. Todas las entidades de Iglesia lo valoramos muy positivamente, aunque somos conscientes de que no responde plenamente a la Iniciativa Legislativa Popular que se pedía ni sigue el mismo proceso ni el mismo consenso, ni abarca todos los supuestos ni a todas las personas en situación irregular. Aun así, es un avance claro.
Uno de los aspectos más relevantes es el impacto sobre los solicitantes de asilo. ¿Qué cambia para ellos?
Es, probablemente, la novedad más importante. El reglamento había dejado completamente desprotegidas a muchas personas solicitantes de asilo, ya que todo el tiempo transcurrido durante la tramitación no computaba para acreditar antigüedad en España. Cuando se les denegaba el asilo, incluso después de años viviendo y trabajando aquí, tenían que empezar de cero. Esto tenía consecuencias muy graves a nivel personal, social y laboral. Con esta reforma se modifica esa situación y se permite que quienes presentaron su solicitud antes del 31 de diciembre puedan acogerse a esta regularización, siempre que cumplan los requisitos de arraigo correspondientes. Se elimina así una barrera muy injusta.
¿Por qué la Iglesia sigue defendiendo la Iniciativa Legislativa Popular?
Porque pone en el centro el reconocimiento de la dignidad de la persona. No estamos hablando de oportunidades políticas ni de criterios utilitaristas, sino de reconocer derechos a personas que viven entre nosotros, trabajan, sacan adelante a sus familias y son nuestras vecinas. No reconocerles un estatuto jurídico propio es contrario a la doctrina social de la Iglesia y al Evangelio, y por eso hemos apoyado esta iniciativa durante todo este tiempo.
